La definición de la palabra «clandestino», según la Real Academia Española, es algo “secreto u oculto, especialmente por temor a la ley o para eludirla». Sin embargo, una media decena de edificios de más de cinco pisos, con evidentes deficiencias estructurales, ubicados dentro de una quinta en pleno corazón de la capital peruana y con clausuras municipales por operar sin permiso como almacén, no puede definirse como clandestino.

El uso de este calificativo por parte de las autoridades parece más bien un intento de desviar sus responsabilidades, mientras el incendio en Barrios Altos permanece activo tras más de cincuenta horas de combate y al menos cuatro colapsos estructurales. A su vez, la adopción de esta descripción por parte de los medios de comunicación solo contribuye a que las entidades evadan sus obligaciones de fiscalización y orden normativo.

Lo concreto es que la magnitud de este incendio, que ha dejado una manzana completamente destruida, no debería ser una sorpresa. Los incendios en almacenes ilegales en el Centro de Lima son constantes y siempre difíciles de controlar, ya que no cuentan con los sistemas obligatorios por ley para una detección y extinción de incendios rápida, carecen de accesos adecuados para los bomberos y no tienen elementos de contención que eviten su propagación. La tragedia de Mesa Redonda en 2001 dejó casi 400 fallecidos. Hace tres meses, la SNPCI publicó un informe sobre otro siniestro en el Cercado de Lima, esta vez en un almacén que incumplía toda normativa, pero operaba con licencia. La lista vuelve a extenderse.

Ante las distintas versiones emitidas por los medios de comunicación y las autoridades, la SNPCI busca esclarecer los siguientes tres factores que complicaron el incendio iniciado el lunes 3 de marzo, todos referentes al incumplimiento de las normas nacionales de seguridad:

Faltas normativas

Los sistemas de protección contra incendios no están diseñados para evitar un incendio, sino para responder ante la presencia de humo o incremento de la temperatura, e iniciar su rápida extinción. Además, permiten contener el fuego en el punto de origen, evitando su propagación a diferentes pisos o secciones de un mismo edificio. Paralelamente, estos sistemas incluyen vías de evacuación, herramientas de gestión de humo y redes internas de suministro de agua para los bomberos.

De haberse cumplido con todos estos requisitos, exigidos en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), el incendio pudo haberse controlado en cuestión de minutos y no se habría expandido a otros predios. Asimismo, los bomberos habrían podido acceder a las edificaciones mediante las rutas de evacuación y utilizar las conexiones de agua internas exigidas por el RNE.

La facilidad con la que en el país se evaden estas normativas llevó al desastre. Los efectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) llegaron a una emergencia sin accesos seguros, con un fuego que se propagaba de un edificio a otro. Además de la ausencia de un sistema de protección contra incendios, existía una acumulación masiva de material combustible, excediendo los límites máximos permitidos por las normas de seguridad nacionales e internacionales. En términos simples, es imposible proteger un almacén con tal cantidad de carga combustible, ya que no existen modelos de protección aplicables. El problema no son los almacenes en sí, sino el incumplimiento absoluto —a la vista de todos— de los requisitos de seguridad exigidos para su funcionamiento.

Sin agua no hay combate

La red de hidrantes en la capital no es óptima para la operación de los bomberos. Las presiones y caudales requeridos por el CGBVP no pueden ser abastecidos por los hidrantes, que están conectados a redes de agua obsoletas e incapaces de soportar las presiones de trabajo necesarias. A esto se suma la escasa cantidad de hidrantes, lo que obliga a los bomberos a realizar grandes operaciones de abastecimiento de agua, perdiendo tiempo y recursos.

Este no es un problema reciente; es una realidad en la lucha contra incendios desde hace más de 40 años. La presencia de camiones cisterna es una medida frecuente en incendios de mediana y gran magnitud en la capital, pero no representa un sistema óptimo de abastecimiento. La falta de hidrantes adecuados complica aún más las maniobras, impide un ataque rápido y no permite un suministro confiable y constante, lo que paraliza las acciones de los bomberos en repetidas ocasiones.

Algunos sectores han señalado que la falta de equipamiento del CGBVP fue la razón por la cual no se pudo combatir el incendio de Barrios Altos de manera efectiva desde el inicio. Si bien la SNPCI reconoce las graves carencias de recursos con las que opera el Cuerpo de Bomberos, lo cierto es que la cantidad de material combustible acumulado en estos espacios exige una cantidad de agua que la red actual no puede proveer. Para que una unidad aérea opere, por ejemplo, se requieren cerca de tres mil galones por minuto, mientras que una cisterna solo transporta aproximadamente cuatro mil galones.

Ausencia de accesos

Adicionalmente a los puntos críticos ya mencionados, cabe resaltar que las edificaciones afectadas se encontraban al medio de la manzana, sin formas de acceso para las unidades de bomberos (además de la inexistencia de vías de acceso para el personal, como se detalló anteriormente). La construcción de edificios de diversos niveles dentro de quintas o manzanas es inviable, considerando los criterios de seguridad establecidos en la normativa nacional. Sin embargo, más de cinco estructuras de este fueron erguidas, a vista de las autoridades, en la zona del siniestro.

Esta situación obligó a los bomberos a realizar maniobras de ataque desde distancias alejadas, viéndose obligados a utilizar techos de viviendas y empresas aledañas, con el fin de lograr que el agua pueda llegar a la zona del incendio. Esto implica el uso de equipamiento diferenciado, que requiere mayor presión y caudal para operar adecuadamente; contrario a la capacidad de abastecimiento. Asimismo, se requirió el uso de múltiples unidades aéreas, como plataformas y escalas, que también emplean grandes proporciones de agua.

Desactualización normativa

Un aspecto fundamental para la regulación en protección contra incendios es que estos sean robustos y redundantes. La redundancia en los sistemas de agua contra incendios se define de acuerdo con la resistencia estructural al fuego, la misma que está directamente relacionada con la cantidad de carga combustible permitida. Sin embargo, en el Perú no se ha regulado la resistencia estructural, pendiente desde el 2017.

Este es uno de los tantos temas pendientes de actualización en la norma A.130 del RNE. Tras años de trabajo, en 2017 el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) recibió un documento con innumerables mejoras normativas, consensuadas por todas las entidades vinculadas a la seguridad en edificaciones, como el CGBVP, la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Instituto Nacional de Defensa Civil, el Colegio de Ingenieros del Perú, el Colegio de Arquitectos del Perú; entre otras. Sin embargo, la actualización quedó estancada hasta 2024, cuando debió ser prepublicada a fines de año. Hasta la fecha, esto no ha sucedido.

La Sociedad Nacional de Protección Contra Incendios hace un llamado a las autoridades y a los medios de comunicación a evitar transmitir información imprecisa sobre el desarrollo del incendio que permanece activo en el Centro de Lima. Como pilar fundamental de nuestra Sociedad, consideramos que la información sobre este tipo de eventos debe ser transparente y accesible para todos los ciudadanos.